El 24 de marzo de 1976 fue destituida la presidente María Estela Martínez de Perón. En su reemplazo, las Fuerzas Armadas asumieron la conducción política del país a través de una Junta de Comandantes conformada por el General Jorge Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti. Videla asumió la primera magistratura.
El Proceso de Reorganización Nacional, tal como se autoproclamó, tuvo como objetivo refundar la Nación sobre nuevas bases políticas, económicas y sociales. Se propuso terminar con la feroz puja distributiva y eliminar las causas que la generaban: el dirigismo, el distribucionismo y el desarrollismo.
La Junta Militar se ocupó de elaborar un proyecto de reforma integral, pero nunca fue aplicado. Simultáneamente, el Programa económico de Martínez de Hoz, pese a algunas resistencias internas, fue firmemente sostenido durante los 5 años que duró su gestión. Por su trascendencia, se puede afirmar que fue la única política del Proceso.
El ministro de Economía Martínez de Hoz, realizó reformas liberales de fondo, que se tornaron irreversibles. Se pueden resumir de la siguiente manera:
- Anulación de derechos laborales, congelamiento de sueldos y salarios y liberación de los precios.
- Apertura de los mercados, con sustanciales rebajas de los aranceles de importación, que arrasó con gran parte de la industria nacional.
- Aumento del presupuesto militar.
- Realización de obras muy costosas pero sin valor estratégico para el crecimiento económico.
- Sanción de la Reforma Financiera de 1977, mediante la cual el Estado garantizó las operaciones bancarias que generaron una formidable especulación financiera con la explosiva mezcla de la “pauta cambiaria”. Esto llevó a que el Estado debiera cubrir el frenesí especulativo mediante el endeudamiento.
Estas reformas redujeron la autonomía relativa del Estado, lo desvincularon de las tareas de asignación de recursos y de distribución del ingreso, propios del estado de bienestar, y lo orientaron hacia el reforzamiento de la centralización del capital y la concentración del capital y el ingreso.
La liberalización comercial y financiera y el endeudamiento externo promovieron la transferencia de recursos hacia determinadas fracciones del capital, instalando un nuevo patrón de acumulación y conformando un nuevo bloque de poder con capacidad de orientar un proyecto de país y una modalidad de inserción internacional.
La crisis se extendió en el tiempo, modificando severamente las relaciones entre economía, Estado y sociedad, y entre clases y sectores. Ello se produjo a través del vaciamiento de las instituciones y organizaciones fundamentales para los procesos de inclusión progresiva que habían avanzado trabajosamente a partir de los años ’30.
Se trataba, fundamentalmente, de remover las bases económicas y sociales del anterior modelo a partir de la instalación de un nuevo patrón de acumulación con características de irreversibilidad.
La reconstrucción de las condiciones de dominación pasó por la destrucción de las instituciones, por el vaciamiento de las organizaciones vigentes hasta entonces y por la redefinición del Estado: se invirtió el sentido de la distribución del ingreso excluyendo de la participación a los sectores populares, mientras aumentaba el presupuesto militar y de seguridad.
Intervenidas las entidades sindicales y suprimidos el derecho a huelga y las convenciones colectivas en materia salarial, se avanzó hacia una acentuada disminución del salario real y una creciente dispersión del mismo entre distintas categorías de asalariados y de actividades económicas.
Además de la reducción drástica del gasto social, la redefinición y reorientación del Estado incluyó la privatización de empresas estatales productivas, estrechando su vinculación con firmas oligopólicas a través de la demanda de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se privatizaron parte de sus actividades, se indexaron sus tarifas y se las obligó a endeudarse con el exterior.
Se eliminaron las transferencias hacia el Estado provenientes del sector agropecuario a través de los derechos de exportación, la estructura impositiva se volvió regresiva y se subsidió vigorosamente al sector financiero.
La supuesta “ineficiencia” de la industrialización sustitutiva fue el argumento básico para modificar la estructura productiva. Sin embargo, no se intentó instalar patrones de crecimiento competitivo a través de políticas de desarrollo tecnológico e industrial y de restricciones a la formación de monopolios no innovadores ni transitorios.
La conducción económica de la dictadura recurrió a la reducción de los aranceles que gravaban los bienes importados, a la subvaluación del dólar y a la manipulación de las tasas de interés a través del sistema financiero que, junto con el Estado, pasó a ser el principal asignador de los recursos internos y externos, dando lugar (mediante estos últimos) a la conformación de una deuda externa sin precedentes.
Además, en 1982, con la Resolución del presidente del Banco Central Domingo Cavallo, se transfirieron las deudas externas privadas al Estado. Estas deudas constituían más de 7000 millones de dólares.
Dada la magnitud del endeudamiento, el Estado trasladó su pago en el tiempo, lo que acentuó la irreversibilidad de los cambios producidos en términos de producto, inversión, salarios y empleo.
En síntesis, la Reforma Financiera de 1977, la reducción violenta de los salarios, el aperturismo y la liberalización asimétrica de los mercados de bienes y de dinero y el endeudamiento externo fueron los mecanismos que delinearon los principios rectores de la política económica de la última dictadura.
b) Herencias de la dictadura:
El presidente constitucional Raúl Alfonsín asumió su mandato el 10 de diciembre de 1983. Durante su campaña electoral, había resaltado las virtudes del sistema democrático, había atacado los intereses corporativos que lo desvirtuaban, había denunciado el “pacto sindical-militar”, se había comprometido a anular la ley de autoamnistía y a juzgar a los violadores de los derechos humanos y había prometido revisar el origen de la deuda externa y reactivar la actividad productiva.
Sin embargo, el partido gobernante reveló su incapacidad para medir las dimensiones de la grave situación del país al llevar adelante prácticas similares a las que había implementado la última vez que había estado en el poder (1963-1966).
La Argentina ya no era la misma. Las dificultades que debía enfrentar el gobierno eran completamente distintas de las que había tenido que sortear cualquier gobierno previo a 1976.
En cuanto a la cuestión social, el gobierno de Alfonsín debía encausar a los sectores populares totalmente segmentados y dispersos. Además, debía definir medidas a tomar en torno a las violaciones de los derechos humanos producidas en la época de la dictadura.
Fundamentalmente, la política de Derechos Humanos se basó en la anulación de la ley de autoamnistía; la reforma del Código de la Justicia Militar, dándole competencia a la Justicia Civil en sus sentencias; el inicio del juicio a los comandantes y jefes; y la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), que se encargaría de recaban información sobre el terrorismo de Estado.
Por su parte, la CONADEP realizó una investigación y presentó un informe titulado “Nunca Más”, en el que se denunciaban miles de desapariciones, torturas y violaciones, y numerosas personas comprometidas con la represión.
En 1985, se realizó el juicio histórico en el que, por primera vez, los integrantes de las tres Juntas Militares fueron sentados en el banquillo de los acusados por sus delitos. Finalmente, la Cámara dio su fallo, condenando a Videla y Massera a prisión perpetua y a los demás, a penas menores hasta la absolución. Luego de esto, correspondía llevar a juicio a los autores directos de los crímenes.
Pero los oficiales comenzaron a presionar insistentemente a Alfonsín, que, en 1986, hizo votar la “Ley de Punto Final” que ponía un límite de 60 días para presentar las denuncias.
Cuando un juez citó a declarar a un oficial, éste se negó y buscó refugio en un regimiento, donde fue protegido. Ese fue el origen del levantamiento de Semana Santa de 1987, encabezado por el teniente coronel Aldo Rico. Desde Campo de Mayo reclamó la anulación de los juicios a militares que habían cumplido órdenes.
Alfonsín cedió, negoció con Rico y aceptó todas las exigencias del amotinado. Fruto de esta capitulación fue la “Ley de Obediencia Debida” que exculpaba de toda responsabilidad a los militares que habían cumplido órdenes.
Luego, Rico encabezó un segundo levantamiento “carapintada” en Monte Caseros, en el que pedía -sin resultado- la reivindicación de los militares condenados.
A fin de año, el coronel nacionalista Mohamed Alí Seineldín, condujo un nuevo levantamiento en reclamo de una amplia amnistía para los militares que tampoco tuvo éxito.
Por otra parte, en el plano económico, el gobierno de Alfonsín se encontró con nuevos grupos económicos integrados y transnacionalizados, una marcada desindustrialización, altas tasas de desempleo y la enorme deuda externa, acompañada por la presión de la Banca Acreedora.
El radicalismo tuvo dos políticas diferentes con respecto a la deuda. La primera coincide con la promesa de la campaña electoral y estuvo bajo la conducción del ministro Bernardo Grinspun. Esta política fracasó rápidamente por su visión distorsionada de la relación de fuerzas que se tenía con respecto a los países centrales y al no reconocimiento del predominio de las fracciones de capital fortalecidas durante la dictadura.
A partir de 1985, se registra un cambio de estrategia, liderada por el nuevo ministro Juan Vital Sourrouille. Esta estrategia se concretó con el Plan Austral, redefiniendo la relación con los acreedores externos, e incorporando transformaciones económicas, y considerando que los grupos económicos son un sector de la burguesía nacional que dispone del excedente necesario para el proceso de crecimiento e inversión.
Sin embargo, no se tuvo en cuenta que los grupos económicos no pueden caracterizarse como parte de la burguesía nacional, puesto que conforman una burguesía local internacionalizada que, lejos de emprender un proyecto de acumulación autónomo para toda la sociedad, remite su propio crecimiento a la obtención de ganancias extraordinarias dentro de un carácter fuertemente especulativo.
Con el evidente agotamiento del Plan Austral, en 1988 surge la propuesta del Plan Primavera que implica una fractura entre el FMI que reclama políticas de ajuste y pago de la deuda y el Banco Mundial que privilegia el cambio estructural del Estado.
El cambio de gobierno en Estados Unidos y el consiguiente reclamo de pago de la deuda, unido al comportamiento de los grupos económicos y a la crisis fiscal, definirán el contexto de la crisis inflacionaria de 1989.
10 de junio de 2010
Calificación: 8 (ocho)
__________Calificación: 8 (ocho)
Bibliografía
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MIRANDA, E.; COLOMBO, E.: Historia Argentina Contemporánea, Buenos Aires, Edit. Kapelusz, 2000.
ROMERO, Luis: Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010.
VILAR, Juan: Contribución al conocimiento de la realidad nacional, Ficha de cátedra.